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via ESTE PAIS DE MIERDA by Amable Chahin Victoria on 8/20/10
La apertura del año escolar agrava la hemorragia financiera que sufre el magro presupuesto familiar ya desinflado por los altos precios y costos de la comida, medicina, transporte y vivienda. El pago de la escolaridad es aquí uno de los más elevados del mundo y un recurrente motivo de angustia para padres y tutores de todas las clases sociales.En un reportaje publicado por El Nacional se revela que todo el entramado comercial del periodo docente se ha convertido en un lucrativo negocio que moviliza unos 30 mil millones de pesos, por concepto de matriculación de estudiantes, compra de libros, uniformes, calzados y otros útiles escolares, lo que representa un valor muy superior al presupuesto del Ministerio de Educación.
El derecho a la educación, que debería ser un asunto de extrema prioridad social, garantía y protección estatal, ha devenido en una especie de gran cártel comercial que ata todas las demandas básicas o inducidas de los alumnos de escuelas públicas y colegios privados a un único, sórdido e incontrolable afán de lucro.
Sin importar si proceden de hogares acomodados, clase media o del otro lado de la verja de la miseria, unos 2.6 millones de alumnos de los ciclos básico, intermedio y secundario, quedan atrapados en la red de la especulación, por lo que sus progenitores o tutores tendrán que agenciarse en promedio, entre 20 a 60 mil pesos para costear la estadía de sus vástagos en las aulas.
El presupuesto por estudiante para una familia clase media alta ronda los 500 mil pesos anuales, sin que el Estado se digne colocar controles a colegios con matrículas en la estratosfera y cuestionable calidad de enseñanza.
No se exagera si se afirma que en este traspatio la educación se ha convertido en un artículo de lujo, agobiada por prácticas desleales de comercio en las que se involucran dueños de colegios, técnicos y directores que cobran comisiones a cambio de obligar a padres y tutores a comprar libros, uniformes y otros útiles escolares en determinados lugares o de marcas pre establecidas.
¿Cómo hablar de derecho a la educación en una nación donde el ingreso al aula escolar por su altísimo costo oscila entre el suplicio y el lujo? ¿Por qué las autoridades permiten o alientan que un derecho constitucional, como el de la enseñanza gratuita y universal se convierta en fuente de desenfrenada acumulación de riquezas?
El Gobierno está compelido a impedir que la malograda economía familiar sea succionada por un lucrativo negocio que la despoja de más de 30 mil millones de pesos durante el año escolar.
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